PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE DECISIONES ADOPTADAS POR UN JUEZ DE COACTIVA

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.advisor	Baquerizo Minuche, Jorge Orson Apolo Santos, José Gabriel	-
dc.date.accessioned	2017-03-30T06:19:34Z	-
dc.date.available	2017-03-30T06:19:34Z	-
dc.date.issued	2015-02-19	-
dc.identifier.uri	http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/124	-
dc.description	La jurisdicción coactiva es un procedimiento que ejerce la Administración para el cobro de sus créditos. De esta facultad otorgada por Ley, se encuentra dotada la mayoría de las instituciones del Estado, por lo que diariamente los administrados son sometidos a la cobranza vía coactiva, en ocasiones en franca violación a sus derechos constitucionales. A raíz de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), desde el año 2008 el país vive un nuevo régimen constitucional, en el cual los derechos constitucionales son fuertemente tutelados frente a los actos de la Administración, por lo que resulta esencial determinar si contra los actos emitidos por un juez de coactiva que vulneren derechos constitucionales, cabría una acción ordinaria o extraordinaria de protección. La acción de protección procede contra todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial, mientras que la acción extraordinaria de protección procede contra toda decisión judicial que vulnere derechos constitucionales. Las referidas definiciones y la naturaleza de la jurisdicción coactiva, llevan a una interesante interrogante: ¿qué garantía jurisdiccional procedería en contra de una decisión emitida por un juez de coactiva? El objetivo de este estudio es absolver esta interrogante, para lo cual se analizará que los jueces de coactiva no son parte de la función judicial y que solo los servidores judiciales pueden ejercer la potestad jurisdiccional, el principio de independencia de las funciones del Estado, entre otros argumentos, que demuestran porque la acción de protección procede contra una decisión dictada por un juez de coactiva es procedente	es
dc.description.abstract	The coercive jurisdiction is a procedure exercised by the Administration to enable the collection of credits. Most public entities are statutorily granted with this authority, and in no few ocassions citizens are subject to abuse. Since 2008 Ecuador faces a new constitutional wave in defence of constitutional rights. It becomes essential to determine if any act by a court exercising coercive jurisdiction may be challenged via ordinary or extraordinary constitutional claim. A protection claim may be filed against any act or omission by a non-judicial public authority, whereas the extraordinary protection claim is allowed against a court decision violating constitutional rights. The foregoing definitions and the nature of the coercive jurisdiction predisposse us to question what jurisdictional claim fits best to challenge a decision issued by a court with coercive jurisdiction? The answer to this question, by all means entailing both a theoretical and practical concern, must take into account the attributions and the role played by courts with coercive jurisdiction. Keywords:	es
dc.language.iso	spa	es
dc.rights	openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	es
dc.subject	garantía jurisdiccional	es
dc.subject	derechos constitucionales	es
dc.subject	acción de protección	es
dc.subject	juez de coactiva	es
dc.subject	potestad jurisdiccional.	es
dc.title	PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE DECISIONES ADOPTADAS POR UN JUEZ DE COACTIVA	es
dc.type	bachelorThesis	es
Aparece en las colecciones:	DERECHO - POLÍTICA Y DESARROLLO

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Trabajo de titulación maestría - Ab. José Gabriel Apolo Santos.pdf		384.96 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

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